lunes 29 de marzo de 2010

URGENTE. COMUNICADO DE PRENSA

POSIBLE DESALOJO EN LA COMUNIDAD INDIA QUILMES - COMUNIDAD DE BASE DE COLALAO DEL VALLE

REPRODUCIMOS LO INFORMADO POR EL CACIQUE DE LA COMUNIDAD INDIA QUILMES, DON FRANCISCO CHAILE: "MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE VIVE LA COMUNIDAD INDIA QUILMES ANTE LA PRESENCIA DE NUMEROSOS POLICIAS EN LA COMUNA DE AMAICHA DEL VALLE Y COLALAO DEL VALLE, LOS CUALES CONFIRMARON QUE SU PRESENCIA EN EL VALLE ES PARA LLEVAR A CABO UN DESALOJO QUE SE REALIZARÁ MAÑANA MARTES EN HORAS DE LA MAÑANA"

REPUDIAMOS ESTE ACCIONAR Y ROGAMOS DIFUSIÓN Y ATENCIÓN DEL CASO.

NI UN METRO MAS, NI UN MUERTO MAS!
POR EL RESPETO AL TERRITORIO DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS

Para mayor información.

Cacique Francisco S. Chaile: 0381 - 155268713
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martes 23 de marzo de 2010

Basta de impunidad. Justicia por Javier Chocobar




A un mes de la liberación de los asesinos de Javier Chocobar, se llevó a cabo una movilización en la capital tucumana. La misma contó con la presencia de miembros de numerosas comunidades y organizaciones sociales. De esta manera se expresó el repudio ante este hecho y se exigió justicia a las autoridades que entienden en la causa.
La convocatoria fue a las 9:00 de la mañana en Plaza Independencia, donde se reunieron miembros de las comunidades de Chuschagasta, Tolombón, Quilmes, Amaicha del Valle, Rodeo, Tafí el Valle, La Angostura, el Pueblo Lule, El Nogalito, El Mollar y Colalao del Valle, entre otras. Acompañaron el reclamo distintos organismos y agrupaciones como Madres de Plaza de Mayo, ProEco, ANDHES, INADI, Fogón Andino, ASANOA, Partido Obrero, entre otros.
Antes de partir hacia los Tribunales de la provincia, sito en Avenida Sarmiento esquina Laprida, se realizó una ofrenda a la Pacha Mama, donde se recordaron a los comuneros fallecidos Javier Chocobar y además a Rosalino Rasgido y al Ing. Yanicelli (Programa de Relevamiento Territorial), quienes hace pocos días sufrieran un fatal accidente.
Una vez en los Tribunales, la abogada de la Familia Chocobar, Margarita Moreno, acompañada por abogados de la fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y del INADI, ingresaron al edificio para dialogar con el fiscal Suasnabar y con las autoridades del juzgado de instrucción penal de la 2º nominación. En esta instancia, los letrados exigieron el esclarecimiento de la causa y la protección de los testigos del hecho.
Valentina García Salemi, miembro de ANDHES, instó a los manifestantes a continuar con la lucha, a no bajar los brazos y a seguir apoyando al fiscal en su investigación e insistir, ante las nuevas amenazas ocurridas, para que finalmente la justicia pueda dictar prisión preventiva a los asesinos mientras se espera que la causa sea elevada a juicio.
Para enviar tu mensaje de de apoyo a la Comunidad de Chuschagasta, pidiendo justicia y cárcel común para Darío Amín, “Niño” Gómez y Valdivieso, dirígete a fogon.andino@gmail.com
Contactos Comunidad Indígena de Chuschagasta:
Demetrio Balderrama (Cacique): 0381 - 156076975
Gabriel Chocobar: 0381 - 156221949
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lunes 15 de marzo de 2010

MES DE LA MEMORIA – HISTORIAS DE VIDA….

Mario Quinteros, es un dirigente comunitario de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, docente y ex Cacique de la Comunidad, Mario es un activo defensor de los Derechos Humanos y reivindicaciones de los Pueblos Originarios.

En esta nota, un recuerdo de una de las épocas más terribles de nuestra historia como país…

En el mes de la memoria, compartimos un fragmento del relato que exclusivamente mandó a Fogón Andino.

RELATO DE MARIO QUINTEROS – Dirigente Comunidad Indígena de Amaicha del Valle

Recuerdo cosas de mi infancia:

…la propaganda oficial ya por el 74, 75, nos hablaba solo de "extremistas" y del peligro del comunismo porque era ateo y ser ateo en el valle era estar en contra de dios, o sea era ser el demonio. Por ahí nos buscaban la vuelta para aterrorizarnos; para hacernos creer que los militares, el ejercito eran buenos.

En el año 74 o 75 para la Fiesta de la Pachamama secuestran a unos "hippies" que paraban en Los Colorados, uno de ellos, de pelo largo y medio ensortijado era arquero en algún partido de futbol de los muchachos del pueblo. Recuerdo esa siesta en que la gente rumoreaba "la gran destreza del comisario para lograr que estos 'hippies' fueran a participar de la pialada de toros organizada para la fiesta y allí también participara él para luego detenerlos". Nunca mas supe ni supimos de aquellos pelilargos (no recuerdo cuantos eran; pero eran varios). Recuerdo también al policía que llevaba esposado al colorado ese que se había ido a vivir con una amaicheña, esa vez había ido un helicóptero a trasladarlo.

…Por esos años recuerdo de manera mas clara el temor que nos invadía en las noches de invierno por que perseguían a nuestro Cacique "El Negro Silva"; se rumoreaba que era "para quitarle la Cedula Real", claro que la confusión nos hacia decir que eran "los extremistas" Se decía que al "Negro Silva lo habian secuestrado y maniatado una noche pero que logró escapar

Recuerdo a mi maestra de 5º grado, el 24 de marzo del 76 a la mañana: "chicos tienen que ir a la casa porque hubo una intervención militar", nos dieron asueto…

…En las tardes de invierno, cuando estábamos de vacaciones por que teníamos periodo escolar especial; yo leía la revista selecciones, órgano del imperio norteamericano que nos enseñaba cuan malos eran los soviéticos; también leía un libro que había llegado a las manos de mi padre, tenia en la tapa la foto de un soldado, le había regalado un sub-oficial, amaicheño, del ejercito. El libro nos contaba "las grandes gestas de la lucha contra la subversión". Sin duda eran tiempos de mentiras, mentiras institucionalizadas y acciones en ese sentido, el autoadhesivo con la inscripción "los argentinos somos derechos y humanos" también llegó a nuestro pueblo…

En síntesis compañera, fuimos víctimas de la mentira, otra forma de tortura la de querer quitarnos la memoria como ya lo habían intentado durante siglos. Todo estos recuerdos que vuelven a mi memoria desde mi infancia me hacen explicar en gran medida las actitudes que aun hoy muchos comuneros tienen con quienes no piensan como ellos y los demonizan o estigmatizan con la palabra "zurdo".

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Marcharán nuevamente en repudio a la liberación de los imputados en el caso Chocobar‏

El próximo jueves 18 de marzo de cumplirá un mes de la liberación del terrateniente y los ex – policías implicados en el asesinato de Javier Cristóbal Chocobar. Medida de la justicia que fuera ampliamente repudiada por Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Organizaciones Sociales, y de Derechos Humanos. Para ese día la Comunidad Indígena de Chuschagasta, sus pares de los Valles de Trancas, Tafí y Calchaquí tienen previsto hacer oír su voz en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Prensa UNPD.

Son varios los temas por los que reclaman y que harán conocer a la opinión pública, entre ellos, homenajear al dirigente Rosalino Rasgido fallecido recientemente, solidarizarse con la lucha que mantienen los pueblos de Catamarca contra la minería a cielo abierto. Aunque el principal punto es repudiar la decisión de la Justicia de la Provincia en el caso Chocobar.

La anterior marcha de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita el 20 de octubre pasado, en repudio al asesinato de Javier Chocobar contó con numerosos manifestantes de las Comunidades a los que se sumaron, en solidaridad, Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y Ecologistas. En esta oportunidad planean la misma modalidad por lo que mediante la presente convocan las organizaciones mencionadas a concentrarse a horas 9 en plaza Independencia y luego marchar.

Fuente: Unión Diaguita
Contactos Comunidad Indígena de Chuschagasta:
Demetrio Balderrama (Cacique): 0381 - 156076975
Gabriel Chocobar: 0381 - 156221949

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miércoles 10 de marzo de 2010

LA JUSTICIA “CIEGA” SÓLO VELA POR LOS PODEROSOS

Tucumán es otra vez testigo de la impunidad con indignación y vergüenza, se libero a los acusados del asesinato de Javier Chocobar, dirigente indígena de Chuschagasta.

El 18 de febrero del corriente año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de los imputados Darío Amín y Luis “el niño” Gómez en la causa penal abierta por los delitos cometidos el 12 de octubre de 2009. El tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dicto preventiva, a pesar de participar del evento.

Darío Amín es un fuerte terrateniente de la zona y “Niño” Gómez un represor de la última dictadura, ex integrante del Comando Parapolicial Atila en los ´90, quien trabajó bajo las órdenes del Jefe de la Brigada de Investigaciones Mario “Malevo” Ferreyra.

Este hecho atenta contra el derecho a justicia de las víctimas, vulnerando derechos fundamentales de la Comunidad Indígena Chuschagasta y de toda la sociedad tucumana negando la verdad de lo sucedido y que los responsables sean juzgados y castigados.

Cabe resaltar que tanto el asesinato de Chocobar como las heridas de bala sufridas por Andrés Mamaní, Gabriel Chocobar y Cata no constituyen un caso aislado de violencia criminal grave sino que se inscribe en el marco de una escalada creciente de amenazas y persecución que sufren las comunidades indígenas de Tucumán debido a sus reclamos para que se respete y garantice la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, tal como lo prescriben tratados internacionales (Convenio 169 de la OIT), la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 17), la Provincial (artículo 149) y la ley de orden público 26.160, prorrogada hoy por ley 26.544.

En este contexto, hay que señalar ante la grave situación vivida por los Pueblos Indígenas tucumanos en los años 2008 y 2009 (desalojos violentos e ilegales, amenazas e intimidaciones varias, criminalización de la lucha indígena, etc.), en noviembre del año pasado, la organización ANDHES, en representación de diez comunidades indígenas de la provincia, entre ellas la Comunidad de Chuschagasta, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares que protejan los derechos fundamentales de éstas reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ONG ANDHES dice: “esta medida (la liberación) causa mucha sorpresa e indignación por la gravedad de los hechos y el prontuario de los sindicados como presuntos culpables. No se puede ignorar, además, las reiteradas amenazas denunciadas por las comunidades indígenas. Todos estos elementos prevén la posibilidad de obstrucción de justicia por parte de los imputados, causal suficiente para el dictado y sostenimiento de la prisión preventiva, atento a que son testigos directos y principales de la causa los integrantes de la comunidad de Chuschagasta”. Agregaron que debe protegerse la integridad de los testigos, única forma de garantizar el esclarecimiento del asesinato de Chocobar y las heridas de Mamaní Gabriel Chocobar y Cata.

Citamos a la prensa CONTRAPUNTO: “la justicia parece considerar que un ex policía que estuvo en un comando paramilitar, otro con vínculos de parentesco con la oficialidad de la policía provincial, y un terrateniente que hostigó constantemente a la comunidad hasta llegar al punto de disparar ese 12 de octubre, no son una amenaza para el juicio ni para los damnificados". Pero si parecen serlos los cientos de detenidos en la cárcel de Villa Urquiza, con prisión preventiva, por casos menores como la tentativa de robo agravado. De más está decir que la inmensa mayoría de estos presos son personas de escasos recursos…

Como FOGÓN ANDINO nos sumamos al reclamo de justicia y de no impunidad ante lo sucedido, apoyando como siempre a nuestros hermanos indígenas, pidiendo a todo el país que no nos dejen solos… y a las instituciones democráticas, entre ellas la justicia, exigimos que investigue, juzgue y sancione, con imparcialidad, a todos los responsables de los graves crímenes cometidos. La historia no olvida a sus asesinos ni a sus cómplices…tampoco la Pachamama.



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lunes 8 de marzo de 2010

ADIOS A ROSALINO RASGIDO

Ayer falleció Rosalino Rasgido, dirigente de la Comunidad Indígena de Chasquivil. Rosalino, fue un gran trabajador en la causa indígena como asi también un defensor de los derechos de los Pueblos Originarios.

Nuestro recuerdo y Nuestro abrazo Rosalino.

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martes 2 de marzo de 2010

ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR LIBRES

El 12 de octubre de 2009 asesinaron Javier Chocobar (Vocal primero de la Comunidad Indígena de Chuschagasta). Este terrible crimen a sangre fría fue llevado a cabo por el terrateniente Darío Amín en complicidad con los ex oficiales exonerados Luís Gómez y José Valdivieso, quienes arremetieron con armas de fuego a miembros de la Comunidad Indígena que se encontraban en actitud pacífica cuidando los recursos naturales comunitarios.

El 10 de noviembre del mismo año el Juez Zottoli dictó la prisión preventiva a Darío Amín y Luis Gómez, acción que fue apelada por los abogados de estas personas.

El día viernes 26 febrero de este año, la cámara de apelación declaró nula la resolución que ordenaba la prisión preventiva a Darío Amín y Luis Gómez por carecer de elementos probatorios. Esto condujo a que los imputados queden en libertad…

El Cacique de la Comunidad, Demetrio Balderrama, nos manifestó su preocupación e indignación, y nos pidió difundir este injusto hecho, también nos comentó que la Comunidad está en alerta “…el viernes fue la declaración de la cámara y el domingo estuvieron personas desconocidas en el portón, en la zona donde vivía el finado Chocobar…” manifestó.

Resulta sorprendente pensar que no existen elementos probatorios, cuando el asesinato de Javier Chocobar que tuvo repercusión provincial, nacional e internacional, tuvo además de testigos a los propios comuneros de Chuschagasta, entre estos niños, mujeres y hasta su propia familia, como así también a los heridos de bala que sobrevivieron al ataque de Amín y sus cómplices.

Por la memoria de Javier Chocobar y por el respeto a nuestros Pueblos Originarios… ¡NI UN METRO MÁS, NI UN MUERTO MÁS, BASTA DE IMPUNIDAD!

Contacto: Cacique Demetrio Balderrama 0381 - 156076975 Leer más...

lunes 1 de marzo de 2010

La CIDH pidió al Estado Argentino que informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas de Tucumán

En noviembre del año pasado, andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) en representación de diez comunidades indígenas de la provincia, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Como primera medida, el organismo internacional le pidió al Estado Nacional que brinde un informe sobre la situación denunciada, "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares", según reza el escrito.

El Estado argentino deberá responder ante la Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre "las medidas que se han tomado para responder a los presuntos actos de agresión denunciados por los solicitantes (andhes) a miembros de las Comunidades India Quilmes, El Nogalito, Chuschagasta, Valle de Tafí, Diaguita El Mollar, La Angostura, Casas Viejas, Diaguitas de Anfama, Amaicha del Valle y Tolombón de la provincia de Tucumán, Argentina, o para prevenir la realización de desalojos en las comunidades denunciadas"; pero además, deberá informar a la CIDH sobre "la implementación de la ley 26.160; si tal normativa prohíbe los desalojos de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país; y qué medidas se han adoptado para formalizar la titulación de las Comunidades".
El escrito, presentado hace dos semanas, aclara que la información solicitada se realiza "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares".

La solicitud

El 16 noviembre del año pasado, andhes -en representación de diez comunidades indígenas de la provincia- acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El pedido se basó en "la amenaza actual e inminente al goce y disfrute de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad y a la protección judicial (artículos 4, 5, 21 y 25 de la CADH) de las comunidades y personas mencionadas, cuya protección y garantía es responsabilidad del Estado Argentino", reza el escrito firmado por Darío Abdala, Director Ejecutivo de andhes. Según indicaron desde la organización de Derechos Humanos, "esta medida se solicita en el marco de diferentes atentados contra las comunidades; el más grave, el sucedido el último 12 de octubre, un día de una enorme significación para los pueblos indígenas de todo el continente americano". El ataque no fue un hecho aislado, sino "la última manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección a pesar de todos los intentos de las Comunidades y sus defensores y defensoras", según puede leerse en la solicitud de las Medidas Cautelares presentadas ante la CIDH.Además de múltiples amenazas, a un evidente proceso de criminalización de la protesta indígena desatado como respuesta a los intentos de las Comunidades por defender colectivamente sus derechos y al hostigamiento judicial a los que se ven sometidos, se están produciendo con respecto a las Comunidades peticionantes desalojos masivos. Violación de la ley 26160 "Desde hace algún tiempo, pero especialmente desde mediados de 2009 cuando comenzó la implementación en la Provincia de Tucumán de la Ley Nacional N° 26.160, las Comunidades han sufrido una serie de desalojos violentos (e intentos de desalojos) ordenados por diversas autoridades judiciales del Estado provincial", plantea el escrito.Cabe recordar que a comienzos de Noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina había aprobado la Ley Nº 26.160 declarando la "Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas originarias del país".La norma ordena la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Esta "prohibición de desalojo" es por un período de 4 años mientras el Estado.Es necesario indicar que las tareas de relevamiento ordenadas por la Ley N° 26.160 comenzaron a nivel nacional por Tucumán (con casi tres años de demora) recién a mediados de 2009, por lo que el período de relevamiento se prorrogo hasta el 2013.Desde andhes plantearon que "el comienzo de los relevamientos alertó a los terceros con pretensiones sobre las tierras de las Comunidades, que reaccionaron violentamente, tanto a nivel judicial (promoviendo e influyendo para lograr desalojos a pesar de la ley) como a través de la ilegalidad de las amenazas y presiones". Lo que se solicita Para la fundación, pese a los reiterados pedidos de las Comunidades en este sentido (y de la legalidad vigente) el Estado argentino no llevó adelante las acciones razonablemente necesarias para evitar los ataques contra las comunidades. Por el contrario, las acciones en perjuicio de las comunidades contaron con el apoyo directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales, y la indiferencia de los poderes ejecutivos local y federal.Por ello, "es urgente que la CIDH solicite a la Argentina la adopción de medidas cautelares para evitar que las víctimas y demás habitantes de las Comunidades continúen siendo expuestos a daños irreparables para su vida, integridad personal y derecho comunitario a la propiedad e identidad cultural", indicaron desde andhes.En este sentido, solicitaron la "adopción por parte del Estado Argentino, en un plazo no mayor a 15 días, de medidas orientadas a garantizar la vida e integridad personal de las personas pertenecientes a las Comunidades peticionantes y a garantizar la vida e integridad personal de los Caciques y los y las Miembros de los Consejos indígenas de las Comunidades peticionantes en su carácter de tales y de defensores de derechos humanos de sus comunidades".También recalcaron la necesidad de que la Argentina, de manera inmediata, "decida las medidas adecuadas y efectivas necesarias para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N° 26.160".Finalmente, pidieron "medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N° 26.160".
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